El Subsistema de Salud de los docentes activos y retirados, corresponde a un Régimen Excepcional de Salud denominado Sistema de Salud del Magisterio
El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 647 de 2001, disponen que el Sistema General de Seguridad Social en Salud contenido en dichas normas, no se aplica entre otros a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, a los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas, ni a los servidores públicos o pensionados de Ecopetrol, ni a los afiliados al sistema de salud adoptado por las universidades.
La Ley 91 DE 1989, rige este Régimen Excepcional y señala en el numeral 2 de su artículo 5 que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tiene entre sus objetivos: “2. Garantizar la prestación de los servicios médico asistenciales, que contratará con entidades de acuerdo con instrucciones que imparta el Consejo Directivo del Fondo”
En teoría, el plan de beneficios de los docentes es superior al de otros sistemas de salud existentes en el país; en el papel, su cobertura es mayor en medicamentos e insumos, abordaje integral de patologías, no hay exigencia de períodos mínimos de cotización y preexistencias, el docente tiene la oportunidad de elegir libremente la entidad contratista, y además no exige copagos o cuotas adicionales
Lo que en buen romance indica, que se supone los miembros del Magisterio tienen a su disposición un subsistema de salud que debe garantizar los elementos esenciales del derecho fundamental de la salud a saber: la disponibilidad, la aceptabilidad, la accesibilidad y la calidad e idoneidad profesional; no obstante lo anterior, tenemos que en la práctica, las fallas en la intermediación, han desencadenado en una crisis en el sistema de salud de los docentes peor al endilgado a las EPS.
Ya que el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud se encuentran tan preocupados por la «ineficiencia» de la EPS como administradoras de los recursos del sistema de salud; sería bueno que también demostraran la misma preocupación por el Subsistema de Salud del Magisterio ( Que en comparación con las EPS, verdaderamente si anda manga por hombro), donde no han sido escuchadas las crecientes quejas de los docentes, tanto activos como retirados, por la deficiencia en la prestación de los servicios de salud ( Especialmente los servicios de salud mental), como citas médicas, etc.
No es nada sano que se tome como caballo de batalla a las EPS, pretendiendo provocar una crisis con su desfinanciamiento; mientras se deja inermes a los usuarios del subsistema de salud público de nuestro Magisterio… Aquellos que defienden tanto acabar con las EPS, deberían verse en el espejo de la realidad del Subsistema de Salud del Magisterio.
En teoría, el plan de beneficios de los docentes es superior al de otros sistemas de salud existentes en el país; pero en la práctica,las fallas en la intermediación, han desencadenando en una crisis peor que la endilgada a las EPS.
“Los subsidios a los combustibles fósiles deben desaparecer y el carbono debe tener un precio para lograr un cambio impulsado por el mercado hacia una economía descarbonizada. Aquellos que contaminan deben pagar por su contaminación, la cual es perjudicial para las comunidades, los empleados y los consumidores” ( ONU-Seis acciones climáticas para reconstruir las economías tras la pandemia)
La hipocresía política se define como “la discrepancia entre las palabras y las acciones de un político; esto es, cuando un político dice una cosa pero hace otra distinta. En el caso colombiano, parece que los vemos todos los días con nuestro gobierno, pero el último ejemplo se da al hablar de “tarifa diferencial de gasolina para taxistas), luego del gran discurso de “descarbonización”
El argumento de defensa del gobierno, probablemente será que el Plan Nacional de Desarrollo que le fue aprobado, autoriza “determinar los mecanismos diferenciales de estabilización de los componentes de la estructura de los precios de referencia de venta al público de los combustibles regulados y su focalización, así como los subsidios a los mismos, que se harán a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles -FEPC-, teniendo en cuenta los principios de eficiencia y progresividad”
No obstante lo anterior, el primer escollo para materializar la deseada “tarifa diferencial de gasolina”, es el mismo discurso calentológico del propio presidente; en efecto, las mismas tesis que sostienen el llamado “PLAN MARSHALL” ambiental que propone para enfrentar la crisis climática, enseñan que los subsidios a los combustibles fósiles están retrasando una transición energética (Erickson, P, van Asselt, H., Koplow, D., Lazarus, M., Newell, P., Oreskes, N. and Supran, G. (2020). Why fossil fuel producer subsidies matter. Nature. online 5 February 2020).
Eso sin contar lo incoherente y contraproducente de defender un aumento sostenido del precio de la gasolina, alegando la necesidad de asumir un déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) y la inocuidad de tal medida a la competitividad al aparato productivo nacional; para ahora hablar de la necesidad de tarifas diferenciales para contrarrestar el aumento de bienes y servicios por efecto mismo del aumento (De hecho ya hay un proyecto de decreto para implementará precios diferenciales del combustible para la prestación del servicio público de energía eléctrica de las ZNI), y guardar silencio sobre cómo se va a cubrir el impacto del tarifa diferencial.
Y por último, pero no por ello menos importante, nuestra historia nos enseña, que los precios diferenciales incentivan la reventa y el contrabando; lo cual impide mucho más, el avance en la deseada “transición energética justa”
En conclusión, es doblemente irresponsable, el plantear desde la reforma tributaria que el país no puede sacrificar recursos por subsidiar la gasolina”; para ahora por simple cálculo político y necesidad de evitar protestas y paros de cara a las elecciones regionales, hablar de una tarifa diferencial de gasolina para taxistas.
Eso no se puede; es ambientalmente contrario a todo el credo calentonlógico de Petro, además es imposible implementar y terminaría especulando con esos bonos de tarifa diferencial.
El documento DESARROLLO VIAL E IMPACTO DEL SISTEMA DE CONCESIONES EN COLOMBIA editado por la CEPAL en 2008, hace un análisis de la evolución de la inversión privada en Colombia[i]; como es sabido por todos, y recuerdan muchos gremios, las concesiones viales en Colombia deben su éxito a los avances logrados gracias a la Ley 1 de 1991.
Es un hecho conocido por todos, que el 16 de enero de 2023, el Ministerio de Transporte emitió el Decreto 0050 de 2023 (Mintransporte,2023) mediante el cual se congelan los valores de los peajes en las estaciones de cobro del INVIAS
(30) y de la ANI (113) durante 2023. El Decreto 0050 de 2023 dictamina que:
• El INVIAS, la ANI y el Ministerio de Transporte analicen e implementen mecanismos alternativos
de financiación, entre otros, la Contribución Nacional de Valorización – CNV para compensar la
congelación de tarifas de peaje del año 2023.
• La ANI atenderá las obligaciones contingentes que se generen del decreto 0050 con los recursos
de la subcuenta infraestructura del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales.
• El Ministerio de Hacienda y Crédito Público asignará los recursos conforme a la disponibilidad
presupuestal y lo establecido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y Marco de Gasto de Mediano
Plazo del Sector Transporte. ( Benavides J. Pabón C., González A. (2023). El aporte de las concesiones mediante APP en infraestructura de transporte al crecimiento y el bienestar de Colombia. Bogotá: Fedesarrollo, 50 p)
La Cámara Colombiana de Infraestructura ( CCI) advirtió según notas de prensa del 11 de agosto de 2023, que la congelación de peajes puede generar hueco fiscal de $13,8 billones[ii], durante los últimos años, reconociendo que: “Sin los peajes, los gobiernos difícilmente habrían podido ejecutar obras de infraestructura vial”[iii]; y según notas de prensa de 17 de junio de 2003, nuestro querido Gobierno Nacional se encuentra estudiando la posibilidad de dar reversa al congelamiento de los peajes [iv].
Lo que genera preocupación sobre las consecuencias de asumir el déficit (hasta ahora causado) a los ingresos de los concesionarios mediante la subcuenta infraestructura del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, y como se reversará la medida de congelamiento de peajes (calificada como populista por muchos)
Cualquier discusión al respecto, debe partir de hechos indiscutibles y meridianos:
1. Las carreteras son una pieza clave en el desarrollo económico y social en el territorio de cualquier país. Por un lado, la red de transporte es la mayor decisión estructurante del territorio, pues el efecto de las carreteras desde el punto de vista de la ordenación del territorio determina el sentido del crecimiento fomentando el desarrollo demográfico y económico. Por el otro, el sistema de transporte genera beneficios de eficacia, efectos de transferencia, y efectos de re-localización de actividad, por ello, las carreteras inducen cambios en los patrones de distribución de la población y apoyan directamente a las actividades productivas. En este sentido, la mejora de la accesibilidad afecta al crecimiento de los sectores productivos y en consecuencia del empleo y, esto provoca un futuro económico positivo para la región afectada.[v]
2. El poco progreso nacional se refleja en las condiciones actuales de la infraestructura vial, deficiente y en mal estado por falta de recursos para su construcción, mantenimiento y conservación. Las limitaciones de inversión estatal en construcción de nuevas carreteras causa deterioro de infraestructura, e indirectamente reducción de los ingresos de las poblaciones debido a la dificultad de sus habitantes para comercializar sus productos agrícolas, ganaderos o industriales; así, puede hablarse de una afectación general de la economía.[vi]
3. El más reciente diagnóstico oficial sobre infraestructura vial en Colombia señala que la red de carreteras del país , constituida por 164.000 kilómetros aproximadamente, presenta un estado crítico. Esta ha venido deteriorándose paulatinamente por la carencia de mantenimiento, debido a los bajos recursos disponibles para inversión.[vii]
4. En teoría, por cuenta del modelo de concesión y de la existencia de los peajes, se han intervenido más de 10.000 km de carreteras en los últimos 27 años. Incluyendo 1.111 puentes y viaductos, y 80 túneles de las cuatro primeras generaciones de concesiones viales del país.[viii]
5. Es necesario ahondar y desarrollar más estudios, mesas de trabajo, diálogo social y concertación sobre la operación y la importancia de los peajes; dada la importancia de las carreteras para el llamado desarrollo colectivo.
Hechos que sin duda, nuevamente convierten al tema de los peajes en un tema importante en medio de muchos temas bastante urgentes; y que mientras no se discuta como corresponde, seguirá alimentando el invento de la “lucha de clases”, “reacción contra el neoliberalismo”, y la “dignidad de la movilización pacífica”, ahora dicha discusión estará más en veremos, pues a pesar de la bulla generada por las afirmaciones de la Cámara Colombiana de Infraestructura ( CCI), lo cierto es que estamos en un año electoral y finalmente estamos en un gobierno con poca disposición a asumir sus errores.
Para los defensores del gobierno, cualquiera que se pregunte sobre las consecuencias de asumir el déficit (hasta ahora causado) a los ingresos de los concesionarios mediante la subcuenta infraestructura del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, y como se reversará la medida de congelamiento de peajes; será visto como un “pequeño burgués y neoliberal, que ataca los principios, los sujetos e instituciones de la verdadera democracia”… Pero lo cierto es que se encuentra en juego la confianza inversionista en la estabilidad institucional y jurídica del país; y la necesidad de evitar una nueva reforma tributaria, para cubrir el hueco fiscal denunciado por la CCI y conseguir recursos para el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura vial.
[i] DESARROLLO VIAL E IMPACTO FISCAL DEL SISTEMA DE CONCESIONES EN COLOMBIA- CEPAL DIVISIÓN DE RECURSOS NATURALES E INFRAESTRUCTURA, 2008
Les daré muchachos por príncipes, y niños caprichosos gobernarán sobre ellos.
ISAÍAS 3,4
En el año 2020, el BANCO MUNDIAL anunciaba que en nuestro país, 400 municipios están expuestos al riesgo de escasez de agua; en el documento COLOMBIA UN CAMBIO DE RUMBO SEGURIDAD HIDRÍCA PARA LA RECUPERACIÓN Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE, que establece que Colombia ya experimenta síntomas de inseguridad hídrica, y desajustes entre la disponibilidad de agua dulce y la demanda concentrada que hacen que Colombia sea muy vulnerable a los riesgos de escasez de agua en el futuro.
Conclusiones pavorosas, máxime cuando se supone que tal y como lo establecen el artículo 8º y el numeral 4º del artículo 28 de la ley 388 de 1997 , los ya elaborados planes de ordenamiento territorial de los municipios y distritos debieron tener en cuenta las siguientes determinantes relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales la prevención de amenazas y riesgos naturales, así:
1. Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas facultades legales, por las entidades del Sistema Nacional Ambiental, en los aspectos relacionados con el ordenamiento espacial del territorio, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos Naturales, tales como las limitaciones derivadas del estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente exclusivamente a sus aspectos ambientales.
2. Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, en las zonas marinas y costeras; las disposiciones producidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, en cuanto a la reserva, alindamiento, administración o sustracción de los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter regional; las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción; y las directrices y normas expedidas por las autoridades ambientales para la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica;
3. Las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales y las reservas forestales nacionales; 4. Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales.
Igualmente dichos planes de ordenamiento territorial debieron tener en cuenta lo ordenado en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, que igualmente contempla otros aspectos ambientales de los planes de ordenamiento territorial los cuales vienen regulados por la Ley 99 de 1993 tales como el artículo 111, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, el cual establece que se declaran de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales, distritales y regionales, y que en razón a lo anterior, los municipios y distritos debieron dedicar un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas para financiar esquemas de pago de servicios ambientales, recursos estos que debieron ser destinados de forma prioritaria a la adquisición y mantenimiento de las zonas que surten los acueductos y que se encuentran definidas como tales por las autoridades ambientales competentes en el área de donde se surte el correspondiente acueducto.
Ya que lo anterior es una obligación de los municipios y distritos que viene determinada por el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, en cumplimiento de los fines más allá de la puesta en obra de unos medios, a fin de evitar el deterioro cuantitativo de las fuentes de agua de la cual se surte y evitar que se afecte la disponibilidad del recurso para el abastecimiento de sus ciudadanos, y que para tal fin debe evitar conductas como la tala indiscriminada de árboles, la expansión y explotación agrícola y en síntesis cualquier conducta que pueda generar la escasez del agua en los correspondientes distritos y municipios, pues es claro que la demanda del servicio de acueducto seguirá en aumento y por tanto se hace necesario el evitar la disminución de los caudales y garantizar la adecuada cobertura vegetal de la microcuenca. Lo anterior teniendo en cuenta además que nuestra Constitución Política, el Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos del milenio suscritos por nuestro país establecen la cobertura del servicio de agua potable como un objetivo fundamental de las autoridades administrativas y en fin una actividad inherente a la finalidad social del Estado, que: (i) por una parte, debe adoptar e implementar las políticas, programas o medidas positivas encaminadas a lograr una igualdad real de condiciones y oportunidades entre los asociados, dando así cumplimiento a sus obligaciones internacionales y constitucionales de lucha contra la pobreza y progresiva satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales básicos de la población -en aplicación de lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado «cláusula de erradicación de las injusticias presentes»-; y (ii) por otra, se debe abstener de adelantar, promover o ejecutar políticas, programas o medidas ostensiblemente regresivos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que conduzcan clara y directamente a generar más pobreza de la que actualmente agobia al país, y agraven la situación de exclusión o marginación de determinados sectores de la sociedad, especialmente de aquellos que se encuentran en condiciones económicas precarias; mucho más si, como consecuencia de tales políticas, programas o medidas, se acaba por empeorar la situación material de quienes ya están en circunstancias extremas de subsistencia ,lo que en buen romance indica que: al adoptar la fórmula del Estado Social de Derecho impone un deber positivo de actuación a las autoridades, consistente en luchar por la erradicación de las desigualdades sociales existentes, hasta el máximo de sus posibilidades y con el grado más alto de diligencia, poniendo especial atención a la satisfacción de las necesidades básicas de quienes están en situación de precariedad económica; y que para garantizar el cumplimiento de dicho deber ser en relación con el servicio de agua potable, es menester la declaratoria de utilidad pública de los predios de donde se surte el municipio o distrito correspondiente, dada la trascendencia que el recurso hídrico tiene en la calidad de vida y estabilidad de los ecosistemas, y por consiguiente debe ser considerado como un elemento esencial a la hora de la definición de los planes y presupuestos de inversión de forma tal que en el corto, mediano y largo plazo se garantice su sustentabilidad como bien público explotado, dada la conexidad natural o lógica entre el derecho de primera generación fundamental a la vida y el derecho colectivo o de tercera generación a gozar de un ambiente sano, garantizados ambos en el Estado Social de Derecho, pues los derechos a la vida y a la salud, no serían posibles sin el recurso natural renovable del agua, el que, por lo demás, no se puede desligar del derecho al medio ambiente y el hecho que es diáfano aunque el agua es un recurso renovable, se viene haciendo cada día más escasa y de ahí la imperiosa necesidad de protegerla. En este sentido, es pertinente señalar que para conservar el recurso hídrico que surte de agua a los acueductos municipales y distritales, es necesario centrar la atención no solamente en las fuentes primarias de abastecimiento del preciado líquido, sino en todas las áreas que tienen incidencia dentro del proceso de prestación de ese servicio público domiciliario – también llamado servicio público domiciliario de agua potable.
Para los anteriores fines, tenemos que ya debieron haberse dado las correspondientes declaratorias de utilidad pública de dichos predios por parte de los municipios y distritos; y además que ya deben ser un hecho las inversiones prioritarias para mejorar el desempeño del sector del agua y catalizar su potencial para impulsar el crecimiento y la recuperación después de la COVID-19, y demás recomendaciones que hizo el BANCO MUNDIAL; y con ello ya contar con las herramientas para enfrentar el fenómeno de El Niño, sin tener que recurrir a declaratorias de emergencia sin pies ni cabeza… Las cuales a la postre resultarán en una cura peor que la enfermedad.
Lo que está pasando en Uruguay debería colocarnos en alerta, pero en teoría no debemos preocuparnos; pues se supone que llevamos 30 años planificando en función del agua
Las implicaciones económicas de garantizar el derecho a la salud fueron analizadas por la Corte en la sentencia C-313 de 2014, particularmente cuando estudió el principio de sostenibilidad consagrado en el literal i) del artículo 8°, y los criterios de exclusión de los servicios y tecnologías del sistema de salud consagrados en el artículo 15 del proyecto de ley estatutaria sobre el derecho fundamental a la salud. Por razones de complejidad y extensión no es necesario entrar a detallar los argumentos presentados, no obstante, es importante mencionar que nuestra Honorable Corte Constitucional admitió tales exclusiones y resaltó que el equilibrio financiero tiene como finalidad garantizar la viabilidad del sistema de salud y, por lo tanto, su permanencia en el tiempo. Ahora bien, dicha conclusión –según se aclaró en la sentencia– no puede conducir al equívoco de estimar que el reconocimiento del principio de sostenibilidad es una libertad costo-efectiva para proferir normas y tomar decisiones que lesionen los derechos de los usuarios y desconozcan la jurisprudencia constitucional sobre el acceso efectivo e integral a los servicios de salud. En todo caso, se declaró la exequibilidad del principio de sostenibilidad financiera “bajo el entendido de que no puede comprender la negación a prestar eficiente y oportunamente todos los servicios de salud debidos a cualquier usuario” ( SENTENCIA T-171/18)
La mayoría de los recursos del Sistema General Social en Salud provienen del presupuesto nacional y los aportes de patronos y trabajadores; por lo que los estudiosos en la materia, señalan que el Estado es el primer interesado en buscar la distribución armónica de los recursos; es así, como la sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social en Salud, razón por la cual el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 ( Cuya vigencia estuvo diferida hasta el 29 de marzo de 2022) estableció que el Gobierno nacional definirá los criterios y los plazos para la estructuración, operación y seguimiento del saneamiento definitivo de las cuentas de recobro relacionadas con los servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC del régimen contributivo; y su parágrafo 9, establece que durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, las entidades recobrantes y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES- podrán suscribir acuerdos de pago parcial para el reconocimiento anticipado del 25% del valor de las solicitudes de recobro.
En cumplimiento de lo anterior, fue expedida la RESOLUCIÓN 1646 DE 2021, ´pr gracia de la cual se reconocía la deuda pública y orden el pago a favor de las Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud ( ADRES) para ser girados a las correspondientes EPS beneficiarias.
Con lo anterior, se demostraban los compromisos del gobierno Nacional con el Sistema de Seguridad Social en Salud; y se esperaba, que tales recursos fueran priorizados para el pago de deudas laborales.
El día de hoy, varias voces señalan que vamos camino a un colapso de nuestro sistema de salud supuestamente apoyado por el gobierno actual para presionar la reforma a la salud; situación que no se entiende máxime cuando:
1)El artículo 1 del Decreto 1281 de 2002, señaló la obligación de utilizar social y económicamente los recursos financieros disponibles del sector salud con. Eficiencia y oportunidad, entendiéndose por eficiencia, la mejor utilización social y económica de los recursos financieros disponibles para que los beneficios que se garantizan con los recursos del Sector Salud, sé presten en forma adecuada y oportuna.
2) El artículo 9 de la Ley 1796 de 2016, estableció la obligación de la aclaración de cuentas y saneamiento contable, entre las IPS y EPS independientemente de su naturaleza jurídica; con la finalidad de establecer los saldos reales de cartera con actas de depuración.
3) El anterior gobierno, había planteado el ACUERDO DE PUNTO FINAL; cómo un paquete de medidas para hacer más eficiente el gasto en salud, y con las que se buscaba sanear las diferentes deudas históricas existentes en el sector y garantizando el financiamiento del sistema de salud. Según lo informando en su momento, se debía trabajar en la identificación y valoración de las posibles deudas y se promovería el pago de las deudas acumuladas entre actores con proveedores y demás involucrados en la prestación de servicios.
4) El 14 de enero de 2022, se informaba por parte de gobierno nacional sobre el cumplimiento de las metas del ACUERDO DE PUNTO FINAL, señalando que se había cumplido con el 84% de las metas trazadas respecto a la identificación y saneamiento; y además de lo anterior, el 30 de agosto de 2022 , la Administradora de los Recursos del Sistema General de la Seguridad Social en Salud- ADRES había radicado el cronograma final para radicación de cuentas para saneamiento de Acuerdo de Punto Final.
5) El presente gobierno, informó en su momento que las EPS debían alrededor de $50 billones a las IPS y ESE; estableciéndose según dicha narrativa, que la deuda de la salud representaba en doble de la reforma tributaria y causando serios planteamientos sobre la «salud» de nuestro sistema de salud, ya que según lo informando eran más que innegables los hondos problemas financieros; no obstante lo anterior, en posterior comunicado de fecha16 de enero de 2023, la Superintendencia de Salud ratificaba una deuda de salud de $23 billlones; reconociendo inconsistencias al entregar las impresiones iniciales sobre la deuda informada y señalando haber hecho una depuración efectiva.
6) El sistema de salud, no puede estar sometido a especulaciones o permitir que los malos entendidos o inconsistencias puedan señalarse cómo «mentiras piadosas» para justificar una reforma a la salud; y menos cuando existen obligaciones respecto al saneamiento de esas deudas, que se suponen deben ser acatadas por todos los actores del sistema de salud
Lo único cierto de todo, es que nuevamente debemos exigir la entrega de los resultados e impacto del ACUERDO DE PUNTO FINAL; y que se nos informe debidamente por parte del Ministerio de Salud y la Superintendencia informe sobre la metodología utilizada para depurar la deuda en salud, y sobre la celebración de los acuerdos de conciliación sobre los montos a pagar.Todo lo anterior, con la finalidad de entrar en la discusión sobre la necesaria reforma en salud de forma transparente; pues como debe ser una regla inviolable para áulicos y opositores del presente gobierno, la salud no puede ser una moneda de cambio de maquinarias clientelistas.
Pues como debe ser una regla inviolable para áulicos y opositores del presente gobierno,la salud no puede ser una moneda de cambio de maquinarias clientelistas
Nuestra reciente historia, nos enseña que con la declaratoria de inexequibilidad de la prórroga del estado de emergencias económica y social debido a la ola invernal (2011); la Honorable Corte Constitucional, hizo un esfuerzo por evitar el abuso de los estados de excepción.
En su momento, grandes juristas hoy aliados del gobierno del cambio, señalaban que en virtud del «control material» no pueden de ninguna manera decretarse estados de emergencia por motivos nimios,o caer en la tentación de usarlos para legislar sin tener que ir al congreso, o para limitar los derechos más allá de lo permitido en tiempos de normalidad.
Los motivos que tuvo nuestra Honorable Corte Constitucional, para decretar la inexequibilidad de la prórroga del estado de emergencia por la hola invernal fueron : 1) El hecho que no se demostró por parte del Gobierno, que los hechos que motivaron la prórroga del estado de emergencia no podían ser atendidos con las facultades extraordinarias ya ejercidas; 2) Y la no superación de los juicios de necesidad y suficiencia, pues no se explico porque se requerían nuevas facultades extraordinarias, y porque los medios ordinarios no eran adecuados para el manejo de la situación.
Es menester recordar que, en dicho momento histórico incluso se aprovechó el estado de emergencia y su prórroga para emitir once (11) decretos; incluyendo uno que ordenaba la fusión de las CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES -CAR (Al prácticamente culpar a las CAR de la falta de planeación para enfrentar debidamente la ola invernal)
El día de ayer, el Presidente de la República declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira; mediante el decreto 1085 de 2023. Decreto este que a nuestro juicio, no cumple con el juicio material de control de constitucional; lo anterior por cuánto: 1) Los hechos que motivan la declaratoria del estado de emergencia, si bien pueden considerarse graves no así mismo se pueden considerar imprevistos; y 2) No se ha demostrado que las facultades ordinarias resultan insuficientes para ofrecer soluciones.
El alegar las decisiones tomadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIDH y la Honorable Corte Constitucional, además de establecer la aprobación de CONPES para superar las situaciones del estado de cosas inconstitucional; precisamente dan cuenta que la declaratoria no se hace para responder a hechos sobrevivientes y extraordinarios distintos a los previstos en los artículos 212 y 213, que perturbe o amenacen el orden económico, social y ecológico o que constituyan grave calamidad pública.
Nadie niega las problemáticas del departamento de La Guajira; pero los mismos considerandos del decreto 1085 de 2023, dan cuenta que se conoce la magnitud de los problemas, además con declaración del estado de cosas inconstitucional se supone que el gobierno se había dotado de instrumentos legales para superar la crisis.
Ahora bien, respecto al hecho de que se pueda hacer una reforma a la salud vía declaratoria de emergencia;es menester recordar que lo propio ya pretendió hacerse mediante decreto 4975 de 2009, y este decreto fue declarado inexequible mediante sentencia C-254/10 ( Por cuanto los motivos eran completamente previsibles, y por cuanto el mecanismo más expedito es un proyecto de ley- Si la misma debe ser o no estatutaria es otra discusión- con el fin de reformar el Sistema General de Salud)
Por lo que tenemos entonces, que el gobierno nacional yerra en la declaratoria de emergencia económica,social y ecológica en el departamento de La Guajira; y además yerra en pretender usar la misma para aplicar un «bypass legislativo», que permita poner en marcha la reforma a la salud aprovechando la declaratoria de emergencia.
El alpiste mediático de hoy, corre por cuenta de la recusación del Magistrado Jorge Enrique Ibañez por la filtración de la ponencia que pide la declaratoria de inexequibilidad de la Ley de Paz Total; alegando los recusantes que la filtración de este tipo de documentos vulnera el debido proceso constitucional, señalando que en Sentencia SU- 274/19, la Honorable Corte Constitucional reconoció que la difusión de juicios de valor propios de la reserva constitucional que ampara el proceso penal implica una violación al debido proceso.
Resulta en primer lugar curioso, que los recusantes señalen dentro de su argumentación la Sentencia SU 174/21, donde precisamente la Honorable Corte Constitucional estableció que la filtración del proyecto de sentencia y las consecuencias que de ello se derivan no puede convertirse en un aval automático para separar al juez del conocimiento del asunto; pues ello implicaría: i) asumir, previamente y sin garantizar el debido proceso, que ese juez o magistrado fue quien filtró la información reservada a los medios de comunicación; y ii) concluir, sin ningún soporte de cara al análisis de cada caso concreto, que el juez o magistrado tiene un claro interés en el asunto que lo llevó a cometer dicha actuación calificada como un delito y falta disciplinaria.
Si se llegará a demostrar (Cosa que no se ha hecho, y posiblemente no se podrá hacer) que el Magistrado recusado fue el responsable de la filtración, no es menos cierto que en otros fallos jurisprudenciales (Además del mismo señalado por los recusantes), se ha señalado que la revelación de información por parte de funcionarios judiciales no genera impedimento o causal de recusación en todos los casos; en efecto, en la Sentencia C-037 de 1996 se estableció la imposibilidad de considerar como constitutivo de impedimento toda información emitida por la autoridad judicial respecto del asunto que le corresponde examinar y fallar.
Amén de lo anterior, previo a la filtraciónde la ponencia que pide la declaratoria de inexequibilidad de la Ley de Paz Total; la Procuraduría General de la Nación había emitido concepto, que curiosamente comparte los fundamentos de la ponencia filtrada, para declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Paz Total.
Es menester recordar que a la Ley de Paz Total se le acusa de dos pecados no tan veniales, la violación del principio de consecutividad y no contar con el Concepto del Consejo Superior de Política Criminal; y aun cuando logre su cometido la recusación presentada, no es menos diáfano que por simple alquimia argumentativa se exculpen esos pecados veniales (Salvo que se alegue que la paz como derecho fundamental, bien vale perdonar las cagadas de los legisladores o pasarse por la verija los principios constitucionales a punta de ponderación)
Independientemente de lo que falle la Corte Constitucional ( Que en uno u otro sentido, será usado como herramienta para el llamado a la protesta social); lo cierto es que no podemos permitir que en nombre de la paz, se meta otro gol que perturbe mucho más la legitimidad dentro del Estado Social de Derecho.
Por último pero no por ello menos importante; si se va usar la leguleyada como chicana, es preciso que se haga con todas las de la ley… Ya entrados en gastos, antes que la recusación mejor era formar el berroche con una tutela
LA ESQUINA DE HARKONNEN 