LA ESQUINA DE HARKONNEN

Mucho ruido y pocas nueces ( Decreto 044 de 2024)

El Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, expidió el Decreto 044 de 30 de enero de 2024 «Por el cual se establecen criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero- ambiental y se dictan otras disposiciones»; con la finalidad de establecer los criterios para declarar reservas de recursos naturales de carácter natural, teniendo cómo criterios para ellos: 1) La presencia de ecosistemas de importancia ambiental, 2) Presencia de áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos, y 3) áreas que requieran restauración ecológica.

El impacto de la declaratoria de Zona de Reserva de Recursos Naturales de carácter temporal, tiene el efecto de impedir el otorgamiento de permisos o licencias para la exploración o explotación de minerales; exceptuando la autorizaciones temporales de materiales de construcción, para entidades territoriales y contratistas para la reparación, mantenimiento y mejoras de la vías públicas.

Lo que en buen romance indica, la posible suspensión de operaciones mineras en los 9.602 títulos mineros vigentes ( Según lo informa la Agencia Nacional Minera), ante la posibilidad de encontrarse en zonas del territorio nacional que cumplen con los criterios para establecer una Reserva de Recursos de carácter temporal; aún cuando los mismos datos oficiales señalan que solo el 5% del territorio nacional es utilizado para actividades mineras (Dato igualmente informado por la Agencia Nacional Minera).

El Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece dentro de los considerandos del decreto 044 de 2024, que no existen derechos adquiridos en contratos de concesión minera, amparándose en la Sentencia 58707 C.E y la Sentencia C-443 del 2009, que reiteran la primacía del principio de precaución en materia medio ambiental; no obstante no tiene en cuenta que: 1) Que la concertación es un valor constitucional y un derecho fundamental, consagrado en el artículo 2 de la Constitución Política; y conforme al mismo se debe facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan; 2) La seguridad jurídica bien puede considerarse un derecho fundamental y un valor constitucional; que se ve en riesgo por el decreto 044 de 2024; 3) No se tiene certeza del cumplimiento de las obligaciones de departamentos, en materia de ordenamiento de ordenamiento- manejo de cuencas hidrográficas y conservación de recursos hídricos; 3) Las Corporaciones Autónomas Regionales, no han demostrado cumplir debidamente con su responsabilidad para garantizar el desarrollo sostenible.

Todo lo anterior, sin perder de vista que no era necesario la expedición del decreto 044 de 2024; por cuánto en teoría, ya existe un marco jurídico que debe garantizar la no confluencia de actividades mineras con recursos naturales renovables (Incluyendo las competencias de los municipios para regular el uso del suelo, las competencias otorgadas a las Corporaciones Autonomas Regionales, las mismas consultas previas, y 34 años del discurso del desarrollo sostenible)

Además, la nueva discusión que ahora surgirá, realmente se debe a una aparente falta de coordinación entre los diferentes planes de desarrollo de los últimos 21 años; discusión que se dará, en un clima de polarización política y superioridad moral ( Sobre todo de aquellos que enarbolan las banderas ecologista; pero atrás no se quedan los que asumen la causa de la confianza inversionista).

Y por último, pero no por ello menos importante, en nuestra opinión; el Decreto 044 de 2024, parece no resolver los problemas que perviven, cuáles son: I) desarticulación institucional entre el sector ambiente y sector minas, II) insuficiente ordenamiento territorial y ambiental y III) deficiente control y fiscalización de títulos mineros. Porque nada dice del verdadero problema, la minería ilegal… Aunque bueno; se le abona que pretende lograr una acción coordinada, articulada, eficiente y eficaz para el desarrollo sostenible de la industria minera.

Las buenas intenciones ,siempre nos han llevado al infierno ( Levantamiento del velo corporativo, reforma a la salud y demás menesteres)

”Pero si el vigía ve venir al enemigo y no suena la alarma para advertir a la gente, él es responsable por sus muertes. Ellos morirán en castigo por sus maldades, pero yo acusaré al vigía por sus muertes”. EZEQUIEL 33,6

El alpiste mediático de hoy, corre por cuenta del levantamiento del velo corporativo sobre la EPS SANITAS; luego de la solicitud del Ministerio de Salud a la Contraloría General de la Nación. Sin embargo, dicha solicitud olvida que conforme a lo normado en el artículo 2 de la Ley 1966 de 2019, existe un SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PARA EL SECTOR SALUD, y la forma como se pretende hacer el levantamiento del velo corporativo, corresponde dentro de dicho sistema a la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES y no a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en virtud de lo normado en el parágrafo 2 del artículo 2 de la Ley 1966 de 2019 que finalmente hace el reenvió al artículo 31 de la Ley 222 de 1995 que a su tenor reza:

“El artículo 265 del Código de Comercio quedará así:

ARTÍCULO 265. Los respectivos organismos de inspección, vigilancia o control, podrán comprobar la realidad de las operaciones que se celebren entre una sociedad y sus vinculados. En caso de verificar la realidad de tales operaciones o su celebración en condiciones considerablemente diferentes a las normales del mercado, en perjuicio del Estado, de los socios o de terceros, impondrán multas y si lo considera necesario, ordenarán la suspensión de tales operaciones. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de socios y terceros a que haya lugar para la obtención de las indemnizaciones correspondientes.”

No siendo de aplicación entonces, lo establecido en el artículo 65 de la Ley 2195 de 2022, que implica otra forma de levantamiento de velo corporativo y otra forma de control que depende de la investigación de responsabilidad fiscal. Ahora bien, ambos procedimientos deben respetar el debido proceso, cuestión que hasta ahora se ve afectada por la misma posición del gobierno, su Ministerio y todos los defensores de la Reforma a la Salud; que sencillamente pretenden una ordalía, para demostrar la corrupción en el sistema de salud actual.

El hecho mismo que este gobierno no tenga claro el procedimiento, o (Peor aún) pretenda orquestar un escenario de destinación indebida de los recursos parafiscales del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para justificar la demolición de todo el sistema; debe servirnos a todos de alerta, y en todo caso la reforma tal y como se plantea poco resuelve lo denunciado ( Porque sencillamente el aseguramiento en salud ya no va depender de una EPS; la cual finalmente fue usada de chivo expiatorio para lograr capitalizar la reforma)

De otra arista, el mismo SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PARA EL SECTOR SALUD que el gobierno parece desconocer; le permite hacer todo lo que pretende, incluyendo sus amenazas al levantamiento del velo corporativo y la “auditoria forense” de la que tanto se jactan y promueven. De hecho, permite los programas de saneamiento fiscal y financiero que finalmente implica los giros directos que pretenden.

Lo curioso es que esto no lo debería decir yo, o los tantos expertos en redes que se han encargado de demonizar el sistema de salud y las EPS; se supone que los mismos exministros y las EPS que quieren montar en la báscula, tienen todo el conocimiento y las herramientas para lograr que se de el debido debate a las cuestiones.

Por lo pronto para nosotros Pedro Pueblo debe quedar algo claro, y no caer en las especulaciones de los aliados del gobierno que hacen politiquería con el berroche; sea que se insista por parte de la SUPERSALUD en dar aplicación a la Ley 1966 de 2019 o a la Ley 2195 de 2022, en últimas eso no justifica la reforma a la salud tal y como está planteada… E igual debe respetar un debido proceso; así se cansen de hablar de reservas técnicas y de citar cifras.

Por último, pero no por ello menos importante; debemos recordar algo que siempre ha existido en nuestra historia legislativa y administrativa… LAS BUENAS INTENCIONES, SIEMPRE NOS HAN LLEVADO AL INFIERNO. Y en todo caso, la reforma es innecesaria; pues en treinta años de una maraña de reglamentación, tenemos todas las herramientas para organizar lo que tenemos y funciona.

Cómo digo una cosa, digo otra ( Análisis del acuerdo ECOPETROL-PDVSA)

El mismo gobierno que hace poco menos de un año, preguntaba en la 77° Asamblea de la ONU: “¿Qué es más venenoso para la humanidad, la cocaína, el carbón o el petróleo?”; el día de ayer anunciaba con bombos y platillos, anuncia que ECOPETROL será socio de PDVSA en la explotación de gas y petróleo en Venezuela. Un cambio de opinión, quizás producto de la propia inexperiencia de un gobierno acostumbrado a la improvisación; o también posiblemente a una nueva visión bicéfala del “chavismo del siglo XXI”, donde igual cabe la conciencia ambiental y la lucha contra el cambio climático con la nueva “Ecopolítica Petrolera Gran Colombiana”

Cualquiera sea la causa de tal cambio de opinión; ya crea que se crea que es producto de la inspiración divina a un hombre providencial, o sencillamente el capricho de un peligroso megalómano; lo cierto es que se puede ver el posible negocio como todo, menos como una “nueva locomotora económica” para el país, una oportunidad de avance de la transición energética, o la recuperación de la cordura perdida por parte del hasta ayer nuevo héroe de la calentología.

Los hechos son evidentes: 1) Ya existió un gasoducto transcaribeño; que no fue un buen negocio para Colombia; 2) PDVSA sigue sancionada; y las pocas concesiones hechas sobre dichas sanciones, no incluyen la perforación, levantamiento, procesamiento, compra , venta, transporte o envío de petróleo y sus derivados; 3) La forma mafiosa como se llevaron los negocios colombo-venezolanos con las cajas de los CLAPS; no son un muy buen precedente o augurio; 4) Muchos lloran por un fallo que acaba con una restricción a una deducción a multinacionales; pero celebran que se pretenda usar dos empresas estatales, para hacer mal uso de los recursos hidrocarburíferos y jugar con el hambre de Colombia y Venezuela; y 5) Se quiera o no se está destinando recursos que se supone capital de inversión de ECOPETROL a la apuesta para favorecer a la quebrada PDVSA.

Como se puede ver entonces, una visión racional, coherente y conveniente del negocio; enseña que poca esperanza de reactivación económica hay en el mismo; lo que si se observa, es una gran oportunidad de politiquería de la bastante cara, usando la excusa de «desmantelar las estructuras neocoloniales, responsables principales del saqueo de sus recursos y de los altos niveles de pobreza e indigencia», que se materializa con la creación de «pesebres» para legiones de defensores del «cambio climático», la «ideología de género» y demás nuevos dogmas, pagados con los dividendos de la “Ecopolítica Petrolera Gran Colombiana”

Pero igual finalmente, el diablo será el partero; a aquellos que hoy aplauden la iniciativa, parecen olvidar que este mismo gobierno, hasta hace poco hablaba de Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, Protocolo de Kyoto, y de estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático en Colombia.

¿Pero qué necesidad?

«Las leyes inútiles debilitan a las necesarias», Montesquieu

No hay nada más cierto que el “verdadero desarrollo económico y social de un país se hace a base de comunicaciones: «Mejores caminos para mejor vivir», y por tal razón fue que en su momento se creó el hoy difunto FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES mediante el Decreto 1650 de 1960, denominando como camino vecinal lo que en la actualidad se denomina vía terciaria y que según la definición técnica de INVIAS, son las vías de acceso que unen cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre y que no sólo proporcionan beneficios a las regiones que las cruzan, sino que también influyen directamente en

las vías de comunicación a las cuales llegan. Las regiones más apartadas de los centros de consumo; y en razón a ello cobran importancia vital para el desarrollo de las regiones y en razón a ello requieren de una mayor eficiencia técnica para lograr las soluciones de comunicación necesarias.

La construcción de las vías terciarias como es sabido corresponde a los municipios; empero, el Instituto Nacional de Vías tiene como una de sus funciones subsidiarias el prestar asesoría a las entidades territoriales, cuando ellas así lo soliciten. Amén de lo anterior, se estima que el 69% de las vías del país son vías terciarias.

El DOCUMENTO CONPES 3857 DE 2016 formuló los lineamientos para la gestión de la red vial terciaria a cargo de los municipios, los departamentos y la nación; reconociéndose en el mismo: “inventarios completos, actualizados y sistematizados no permite establecer el estado y necesidades específicas de la red regional. En segundo lugar, la falta de lineamientos claros para la priorización de intervenciones evita que se pueda realizar un proceso de planificación claro y organizado. En tercer lugar, la ausencia de reglas de participación en la financiación de los proyectos genera atomización de esfuerzos económicos de los diferentes actores. Por último, la ausencia de lineamientos frente a la forma de contratar el mantenimiento de las vías terciarias genera poca competencia en los procesos de contratación, la duplicidad de esfuerzos de las entidades estatales y falta de registros suficientes sobre la forma de ejecutar los recursos destinados a las vías terciarias”

Mediante el Decreto 1961 de 2023; el Gobierno Nacional crea el Instituto Nacional de Vías Regionales , en uso de las facultades extraordinarias entregadas en el artículo 368 de la Ley 2294 de 2023 ( Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026); el cual tiene parecidas intenciones al proyecto de ley 260 de 2019 ( Por el que se pretendía la creación de la Subdirección Nacional de Vías Terciarias con un Consejo Nacional Asesor, con el propósito de lograr la integración regional y el acceso a los servicios sociales y a los mercados, incidir favorablemente sobre el precio de los alimentos como garantía del derecho a la alimentación y mejorar el ingreso de la población campesina; presentando como exposición de motivos las ya conocidas apreciaciones hechas en el CONPES citado anteriormente y las obligaciones que respecto al tema se establecieron en el proceso de paz y su correspondiente implementación)

Sin embargo, a pesar de las innegables buenas intenciones del proyecto de Ley presentado y que ciertamente a pesar de inversiones, planes, regalías, fondos, acuerdos, etc., es poco el cambio en la infraestructura vial que se pueda decir que ha tenido un real impacto en los ingresos de la población campesina; y no es menos diáfano que, las competencias establecidas actualmente asignadas a INVIAS y sus subdirecciones existentes no incluyen la construcción o contratación de vías terciarias, ya que la construcción de la mayoría de las vías sobre las que se espera impacte la iniciativa legislativa corresponden a los municipios y no a INVIAS ( Conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 715 de 2001), sin perder de vista que igualmente el Decreto 1961 de 2023 crea demasiada burocracia.

Amén de lo anterior, existe un SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CARRETERAS (SINC); en el cual se supone que los municipios han debido hacer la respectiva caracterización vial de los tramos requeridos como vías terciarias; y por último pero no por ello menos importante, Congreso de la República entregó vía plan nacional de desarrollo; competencias exclusivas que exceden las facultades del numeral 10 del artículo 150 (Básicamente el Congreso está permitiendo un bypass legislativo… Algo muy peligroso que debe corregir la Corte Constitucional; y que causará más graves señalamientos contra la independencia judicial, pues a este gobierno autoritario le vale huevo seguir ambientando una cacería de brujas contra la Rama Judicial)

Con todo lo anterior, bienvenida la discusión sobre un tema tan importante para PEDRO PUEBLO; pero siempre teniendo en cuenta que: 1) Este gobierno no está inventando nada, 2) Ya se supone que deben existir los proyectos tipos sobre mejoramientos de vías terciarias, y 3) Por muchas buenas intenciones; puede resultar un mayor foco de corrupción eso de “contratación directa con comunidades rurales, cabildos , organizaciones populares, unidades de economía popular, organismos de acción comunal, social o comunitaria u otras formas de organización social, grupos y/o comunidades étnicas, comunidades en todas sus diversidades, mujeres y víctimas, para el desarrollo de proyectos. e infraestructura vial”

El afán de este gobierno, de hacer las cosas como le cantan de la verija; ha llevado a la inepcia de sus propias iniciativas legislativas, e incluso a querer desconocer la Constitución Política en nombre de las buenas intenciones. Cumpliéndose la máxima de Montesquieu, sobre que las leyes inútiles debilitan a las necesarias; y lo más tristes de todo, es que, con la excusa de la relación entre vías terciarias, derechos sociales y proceso de paz, van a demonizar a cualquiera que se atreva a atacar al Decreto 1961 de 2023

Nuestras impresiones sobre el Decreto 1961 de 2023

Cavilando sobre la propuesta de constituyente del Presidente Petro

Hay suficientes herramientas internas para la protección ambiental; y finalmente lo único que hizo la Corte Constitucional, fue dejar claro, que no se puede correr el riesgo de que se haga costumbre la expedición de “decretazos”

Este gobierno no está inventando nada nuevo; y al igual que el anterior, es otro abanderado del «GREEN NEW DEAL» a nivel regional, y predica el nuevo credo para superar el problema del «cambio climático», que se traduce en que: “No es suficiente el remplazo de una tecnología energética por otra; pues la visión histórica revela que la misma idea de tecnología está inexplicablemente entrelazada a la acumulación de capital, el intercambio desigual y la idea del dinero. Por lo que tenemos entonces, que se requiere un rediseño que vaya más allá del reemplazo de una infraestructura y logre la significativa transformación del orden económico mundial”

Y hoy acaba de proponer una constituyente usando de excusa el cambio climático, olvidando que:

1) Nuestra Constitución Política, señala en los artículos 8°, 79, 80 y 95 numeral 8°, los derechos y deberes generales que deben regir una correcta relación entre todas las personas y el medio ambiente; determinando que todos los habitantes del territorio colombiano deben gozar un ambiente sano, y que es deber de todos los ciudadanos el velar por su “conservación” y “prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”. Amén de lo anterior, tenemos que a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se deja claro la importancia mundial sobre el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, esto es, el derecho a preservar la vida individual en un entorno adecuado y el derecho de la especie a subsistir en las generaciones futuras en un ambiente sano; lo que implica, no solo la preservación de la vida actual, sino también garantizar el derecho de las futuras generaciones de gozar y disfrutar de los recursos con los que hoy contamos; es así como a partir de dicha declaración que se han venido celebrando acuerdos ambientales mundiales, los cuales nuestro país ha ratificado y en los cuales se ha dejado claro que no se puede tener unas economías sólidas y sostenibles sin un planeta ambientalmente sano.

2) Con la Ley 164 de 1994, Colombia ratificó la «Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático», adquiriendo así el compromiso de “definir medidas de mitigación de gases efecto invernadero y medidas para facilitar la adaptación al cambio climático, y promover la comprensión de las causas, los efectos, la magnitud y la distribución cronológica del cambio climático, así como de las consecuencias económicas y sociales de las distintas estrategias de respuesta”; y con la Ley 629 de 2000 se ratificó el Protocolo de Kyoto, por gracia del cual se expidió un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático –PNACC cuya finalidad es ““construir una visión integral de adaptación en Colombia, haciendo uso de las herramientas disponibles para alcanzar la resiliencia de sistemas socio-económicos y ecológicos, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del desarrollo” (DNP, 2011)” y el CONPES 3700 de 2011 para señalar la estableció la estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático en Colombia.

3) Se aprobó una ley de “ACCIÓN CLÍMATICA”( Que comparte las metas de Economía Sostenible e incluso le agrega unas cuantas bastante ambiciosa, tales como la implementación al año 2030 de PLANES INTEGRALES DE CAMBIO CLIMÁTICO SECTORIALES (PIGCCS); a pesar que somos uno de los países que menos emite dióxido de carbono a nivel mundial; y se ratificó un Acuerdo de Escazú; que a pesar de las negaciones pone en riesgo los principios de soberanía, integridad territorial, libertad económica y seguridad jurídica.

4) Para el presente y el anterior gobierno, el país debe ser un abanderado de la calentología ; en medio de incumplimientos de metas parecidas tales como: a)El fracaso de la planeación con la figura de los POT., b) No cumplimiento de metas PGIRS y protección de recursos hídricos de los municipios, y c) Las CARS, que se han convertido más en un sinónimo de corrupción que en “guardianes” del desarrollo sostenible.

Como se puede ver, hay suficientes herramientas internas para la protección ambiental, la participación ciudadana en la toma de decisiones y el control de la gestión territorial dentro del derecho interno; como igualmente para garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Luego entonces no hay necesidad de pensar en una constituyente usando de excusa el cambio climático. Máxime cuando el llamado GREEN NEW DEAL, sostenido bajos las tesis del llamado «MANIFIESTO ECOMODERNISTA»; es un plan que implica más ideología que ciencia o economía, para lograr una sociedad «Verde, Inclusiva y Resiliente» (Tres palabras que juntas no dicen nada. A menos que se interpreten en el contexto de la agenda 2030; que se materializa con la creación de «pesebres» para legiones de defensores del «cambio climático», la «ideología de género» y demás nuevos dogmas, pagados por los pobres e infelices ciudadanos).

El diablo será el partero, si nos ponemos a darle cuerda a la idea de una constituyente usando de excusa el cambio climático; pues finalmente implica » desmantelar las estructuras neocoloniales, responsables principales del saqueo de sus recursos y de los altos niveles de pobreza e indigencia», lo cual (a pesar de sus buenas intenciones) lleva a pauperizar mucho más nuestra ya golpeada economía.

Y por último, pero no por ello menos importante; el Presidente Gustavo Petro Urrego, quien se precia de ser el mayor demócrata del mundo mundial y era un crítico de los abusos del presidencialismo, no puede pretender deslegitimar las acertadas decisiones de la Corte Constitucional (Así le caigan gordas). Pues finalmente lo único que hizo la Corte Constitucional; fue dejar claro, que no se puede correr el riesgo de que se haga costumbre la expedición de “decretazos”.

Pero qué necesidad?, ¿Para qué tanto problema?

Una grave y peligrosa tentativa de usurpación de competencias o por lo menos una deslegitimación, se evidencia con la afirmación del Presidente de la República, al señalar que: “Si en los municipios al hacer el escrutinio hay insatisfacción de la población sobre la elección de autoridades locales, solicito aguardar las comisiones del gobierno para recibir las respectivas denuncias que se trasladaran a autoridades competentes”.

Lo anterior por cuanto la etapa electoral y post-electoral en Colombia tienen un procedimiento reglado, correspondiéndole a las jurados de votación el computo de votos o pre-conteo con carácter informativo (que finalmente se plasma en el documento E-14), y a las comisiones escrutadoras los escrutinios ( Para que en los resultados sean el reflejo de la voluntad del elector expresada en las urnas). Siendo por tanto ese escenario, en el que se deben presentar las reclamaciones por parte de los testigos electorales.

Una grave y peligrosa tentativa de usurpación de competencias o por lo menos una deslegitimación; se evidencia con la afirmación del Presidente de la República, respecto a la «insatisfacción de los escrutinios»

Lo que en buen romance indica, que en teoría y a pesar de que el proceso de escrutinios se encuentra regulado por diferentes fuentes normativas; no es menos diáfano (Que mal o bien) existe un procedimiento que da las garantías necesarias para reclamar (en derecho) los posibles votos no contados, errores, corrupción,etc.; sin que exista la necesidad de que el Presidente, pretenda una presión innecesaria que además ponga en duda la labor de jurados, comisión escrutadora e inclusive testigos electorales.

Máxime, cuando todos los encargados de la transparencia de unas elecciones libres y justas; se entienden preparados para ejercer su labor; y existe un requisito de procedibilidad para futuras acciones electorales, que implica la puesta en conocimiento de las discrepancias injustificadas en conocimiento de la autoridad escrutadora.

Por lo que tenemos que, no puede la rama ejecutiva pretender usurpar o de alguna manera deslegitimar la actividad electoral; lo cual guarda mayor relevancia, si se recuerda que la misma ONU y demás instituciones internacionales, han señalado que se debe mantener la autonomía de los organismos electorales para preservar la integridad de los procesos.

Nos midieron el aceite,

A pesar de la rasgada de vestiduras del Presidente de la República y el Ministro de Defensa, respecto a la participación de las disidencias en el acto protocolario de apertura de las elecciones; lo cierto es que efectivamente existió el comunicado conjunto dado en la MESA DE LOS DIÁLOGOS DE PAZ ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL ESTADO MAYOR CENTRAL DE LAS FARCS-EP, en el cual se estableció la participación de las disidencias en los actos protocolarios del 29 de octubre de 2023.

Ello que demuestra, que a pesar de las declaraciones de las diferentes autoridades electorales y administrativas; lo único cierto es que nos midieron el aceite, y debe ser asunto de interés nacional en este momento, las razones por las cuales nos querían medir el aceite; máxime cuando el artículo 2 del Decreto 1684 de 2023 ( Por gracia del cual se implementa el cese bilateral entre el Gobierno Nacional y las disidencias de las FARC), establece que uno de los objetivos del cese bilateral es el libre desarrollo de las elecciones del próximo 29 de octubre de 2023 y el respeto de sus resultados. ( Por lo que en ese sentido, tenemos que si existía la legitimación, para la elaboración de un documento como el denominado COMUNICADO DE PRENSA 001 firmado por el Delegado Camilo González Posso; y para cualquier otra decisión que implique el reconocimiento del control territorial y soberano de las disidencias).

La tormenta mediática respecto al tema, parece ser la razón de la reculada. pero lo cierto es que nos midieron el aceite; y una actitud de ese calibre, nos debe llevar como ciudadanos, a una seria reflexión y la pérdida de cualquier pizca de confianza en este gobierno.

Una actitud de ese calibre, nos debe llevar como ciudadanos, a una seria reflexión y la pérdida de cualquier pizca de confianza en este gobierno.

¿Gadejo?

Por menos se ha hablado de traición a la patria en otros países de nuestro vecindario; pero hasta ahora solo unos pocos opositores los que han puesto el grito en el cielo. Aunque los amigos del gobierno, dirán que es simple GADEJO de cuatro gatos enemigos del gobierno del CAMBIO

El artículo 3 de la Constitución Política de Colombia señala, que a soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público; siendo la celebración de las elecciones libres y justas , la materialización de ese principio, ya que implica no solo la promoción y consolidación de la democracia, sino también una actividad importante para garantizar la estabilidad , la paz y el desarrollo de una región ( Considerandos de la Carta Democrática Interamericana). Todo lo anterior en buen romance indica, que no se puede tener a las elecciones libres y justas, como una simple “condición necesaria, aunque no suficiente de la democracia”, pues como señala el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos «La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público»; y en síntesis, la realización de unas elecciones libres y justas son una manifestación de la paz como derecho y deber obligatorio.

Si bien es cierto, por decisión del gobierno de turno, nos encontramos en un cese bilateral de carácter nacional en el marco de un supuesto diálogo de paz; el anuncio de una reunión entre el Gobierno y las disidencias de las Farc, para analizar las dificultades en algunos puestos de votación, traduce sin más ambages, que dicha decisión implica el reconocimiento de una cesión de soberanía y control territorial en diferentes zonas del país, e incluso para muchos puede considerarse que se hizo una realidad la “balcanización de Colombia”.

Resulta muy curioso, cuando fue precisamente el hoy Presidente de la República el primero en elevar la voz en contra de la “Balcanización de Colombia”; pero ciertamente, no hay mayor muestra del poder de las mafias y la derrota de la idea de una paz total, que la negociación con las disidencias de las FARC para realizar unas elecciones libres y justas.

Y bueno, por menos se ha hablado de traición a la patria en otros países de nuestro vecindario; pero hasta ahora solo unos pocos opositores los que han puesto el grito en el cielo. Aunque los amigos del gobierno, dirán que es simple GADEJO de cuatro gatos enemigos del gobierno del CAMBIO.

De la pertinencia de una acción popular por las irresponsables declaraciones presidenciales

Mediante la Ley 1841 de 2017 ( Declarada exequible mediante Sentencia C-254/19), fue ratificado el “Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y el Estado de Israel”, hecho en Jerusalén, Israel, el 30 de septiembre de 2013 ; señalando la exposición de motivos del proyecto que a la postre se convirtió en la ley aprobatoria del TLC ( Curiosamente el ponente de dicho proyecto, es el hoy Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chaves) que: “Existe un interés especial del Gobierno nacional en ampliar la agenda comercial con el Medio Oriente. Israel es una de las economías más innovadoras y dinámicas de esa región y un aliado estratégico para Colombia en materia diplomática. En este contexto, el Acuerdo con Israel es un paso fundamental en la consolidación de nuestras relaciones comerciales con el Medio Oriente, una región con alto poder adquisitivo y de orientación importadora. En igual sentido, este instrumento cobra relevancia en el marco del plan que adelanta el Gobierno para que la innovación sea pilar de la economía colombiana, puesto que el mismo facilitará la cooperación en áreas como la tecnología, innovación y desarrollo agropecuario e industrial.

A su vez, el mencionado proyecto de Ley; al plantear el acuerdo comercial como desarrollo de los fines y principios constitucionales, señalan que el mencionado acuerdo garantiza los principios de equidad, igualdad, reciprocidad, conveniencia nacional, promueve la internacionalización de las relaciones económicas y comerciales, es un instrumento idóneo para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado Social de Derecho, fue celebrado como manifestación de la soberanía nacional de Colombia y respeta los derechos de los grupos étnicos consagrados en la Constitución Política.

De otra arista, la Sentencia C-254/19 que analizó la exequibilidad de la Ley 1841 de 2017; ratifica en sus considerandos que la decisión de suscribir un acuerdo comercial con Israel: “no fue improvisada, sino que estuvo precedida de los estudios necesarios y la valoración adecuada conforme a una metodología de modelos, variables y criterios que evidenciaron la importancia de la suscripción del acuerdo para beneficio de la economía del país”; que el Ministro de Comercio dejó claro que el mencionado instrumento, “se tradujo en una oportunidad para incrementar las exportaciones del país, diversificar los mercados de exportación, aumentar la inversión extranjera directa en sectores no solamente minero energéticos sino productivos industriales y agroindustriales, y fomentar la cooperación en sectores estratégicos como el desarrollo tecnológico del campo y de las telecomunicaciones”, y que por parte de ANALDEX se señaló que: “el TLC celebrado no puede analizarse a partir del concepto de ganadores ni perdedores, ya que constituye un marco de oportunidades a largo plazo, como el fortalecimiento de las Pymes, que busca generar confianza mutua basada en un entendimiento organizado y único. De este modo, sostuvo que no se trata de la ley del más fuerte sino de desarrollar la complementariedad de las economías para beneficio del interés general, con miras a un gana-gana por las partes obligadas”

El artículo 15.4 del “Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y el Estado de Israel”; señala que el acuerdo es válido por un tiempo indefinido, y que cualquiera de las partes podrá denunciar el acuerdo mediante una nota diplomática ( surtiendo efectos la denuncia, 6 meses después de la fecha de recepción de la notificación a la otra parte)

Como podemos ver entonces, con las irresponsables declaraciones del Presidente Gustavo Petro Urrego; se está poniendo en riesgo la vigencia y viabilidad de un TLC, que como se puede observar de lo hasta ahora dicho, tiene una importancia estratégica a nivel económico, político, social, científico, tecnológico y de garantía de la seguridad nacional. En síntesis se puede afirmar que el mismo TLC per se,tiene como finalidad la promoción, el respeto y la garantía de derechos fundamentales, y derechos e intereses colectivos para la población colombiana; que se ponen en peligro y amenazan de forma clara y probada, por las nefastas declaraciones del Presidente de la República respecto a la suspensión de las relaciones con Israel.

Y para evitar el daño contingente sobre dichos derechos e intereses colectivos, puede y debe hacerse uso de la acción popular; en efecto, como lo establece el artículo 2 de la Ley 472 de 1998, las acciones populares son medios procesales para evitar el daño contingente sobre los derechos e intereses colectivos ( Máxime cuando los riesgos generados por las declaraciones del Presidente de la República; incluso pueden poner en peligro derechos y garantías, que se encuentran protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- de obligatorio cumplimiento para nuestro país)

Los áulicos del Presidente de la República, posiblemente alegarán que sus declaraciones se hicieron en defensa de la SOBERANÍA NACIONAL; pero paradójicamente, las declaraciones ponen en riesgo la SEGURIDAD NACIONAL, derecho fundamental y colectivo de cuya materialización, depende la soberanía, la integridad territorial, la independencia y el orden constitucional.

En todo caso, con independencia de las leguleyadas (debidamente sustentadas o no) contra las malas decisiones del Gobierno Nacional, de las cuales puede derivarse una responsabilidad patrimonial; no es menos cierto, que las declaraciones del Presidente de la República merecen la discusión en un escenario que permita su análisis a la luz de precedentes constitucionales y legales. Y la acción popular es un escenario ideal; que puede garantizar la debida revisión de la discrecionalidad del Presidente de la República en el ejercicio de la dirección de las relaciones internacionales.as declaraciones del Presidente de la República merecen la discusión en un escenario que permita su análisis a la luz de precedentes constitucionales y legales. Y la acción popular es un escenario ideal; que puede garantizar la debida revisión de la discrecionalidad del Presidente de la República en el ejercicio de la dirección de las relaciones internacionales

Algunos dirán que de alguna forma se pretende censurar y vetar al Presidente de la República, y que conforme al artículo 117 de la Constitución Política existe una inviolabilidad presidencial; pero de ninguna manera se puede plantear que el ejercicio de una acción constitucional, constituye una forma de censura, veto o juicio presidencial.

Rumores de declaratoria de conmoción interior para impedir la fiesta de la democracia

Muy grave el escenario que plantea el reconocido periodista, Gustavo Álvarez Gardeazábal; al señalar la posibilidad de la declaratoria de una conmoción interior, con la excusa de una grave perturbación al orden público, que “permita suspender elecciones y anular los fallos del CNE, Consejo de Estado y Procuraduría”

Respecto de la suspensión de las elecciones regionales, tenemos que la misma es posible sin necesidad de la declaratoria del estado de conmoción interior; lo de anular los fallos del CNE, Consejo de Estado y Procuraduría, implicaría un “autogolpe de Estado” solo comparable con lo hecho por el fujimorismo el 5 de abril de 1992 ( Si se tiene en cuenta, que este gobierno cree tener el apoyo del “poder popular”), que permitió la ruptura absoluta del orden democrático.

Al día de hoy, aparentemente existen las condiciones para garantizar la normalidad que permita la realización de las elecciones; lo anterior por cuanto: 1) Se encuentra activada Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, establecida en el Decreto 2821 de 2013, que debe “Conocer, evaluar y recomendar al competente, previo análisis de la situación, los traslados de las mesas de votación por motivos de orden público o casos de fuerza mayor”; y a la fecha presente no se conoce la necesidad de traslados de puestos de votación; 2) La decisión de suspender elecciones en caso de perturbación del orden público corresponde al Gobernador, con aprobación del Gobierno Nacional (artículo 128 Código Electoral); y tampoco se conoce a la fecha, por lo menos denuncias correspondientes que puedan justificar la suspensión de elecciones; y 3) El 16 de agosto de 2023, el MinInterior manifestaba al Registrador Nacional que: “Que el registrador se dedique a organizar las elecciones y él a garantizar la seguridad de los comicios del 29 de octubre”; 3) La publicación del proyecto de decreto nacional para la conservación del orden público durante el período de elecciones; indican que al menos para el gobierno nacional, se puede garantizar la normalidad del orden público durante la jornada electoral.

Ahora bien, preocupan la existencia de otras situaciones que puedan indicar posibles perturbaciones del orden público tales como: 1) Desde febrero del presente año, el Señor Registrador Nacional viene hablando de aplazamiento de elecciones, por supuestos riesgos por violencia; 2) A mayo del presente año, la MOE planteaba la intensificación de la violencia contra candidatos y campañas; en siendo más afectados los departamentos de: Cauca, Antioquia, Nariño, Valle, Cesar y Santander; y 3) Caciques políticos han señalado su desagrado contra las decisiones del CNE; e incluso el Registrador Nacional ya señaló a una campaña en particular, si llegaren a presentarse acciones en su contra.

Así las cosa; tenemos que en teoría, se puede materializar el máximo esfuerzo conjunto y coordinado para garantizar los derechos políticos y las libertades civiles de todos los colombianos, en las elecciones del 29 de octubre de 2023 ( Y disfrutar así de una pacífica y feliz fiesta de la democracia) . Ahora bien; lo importante es que a este “Gobierno del Cambio”, de ninguna forma se le ocurra usar el orden público de cara a las elecciones regionales para justificar un “autogolpe de Estado”.

Reconocido periodista, plantea la posibilidad de la declaratoria de una conmoción interior, con la excusa de una grave perturbación al orden público; que “permita suspender elecciones y anular los fallos del CNE, Consejo de Estado y Procuraduría”